Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una composición societaria destinada a adquirir el control en cerca de veinte compañías usando indebidamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores de europa de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo principal creador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto comienza a gestarse en 2016, momento en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se ha hecho un uso indebido de los elementos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión mediante una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.
Esta composición pretendía esconder la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de Sugerencias adicionales estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de demandas judiciales en 2022, incluyendo una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de un par de meses.
Este escenario legal sigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los creadores de JZI por carecer de indicios delictivos, mientras se desvelan más capas de un enfrentamiento que destaca la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..